Las alianzas Público – Privadas en 12 párrafos

Las Alianzas Público Privadas – APP surgen como una necesidad para:
–  Potencializar de el suministro de servicios públicos gracias al aporte en experiencia, conocimientos y tecnología por parte del sector  privado.
– Contribuir a la diversificación de la economía y la mejora de la competitividad del país al impulsar los negocios y las industrias comprometidas en el desarrollo de los proyectos.
– Ayudar a solventar las limitaciones del sector público en beneficio de la ciudadanía.
– Acabar con el “cortoplacismo” al tratarse de proyectos a largo plazo.

Las APP son un mecanismo novedoso que permite vincular al sector privado para proveer bienes y servicios públicos asociados a una infraestructura.

La Asociación Público-Privada involucra, dentro del contrato de largo plazo, la retención y transferencia de riesgos entre las partes y la definición de los mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio del bien provisto.

Hay dos tipos de APP: de iniciativa pública e iniciativa privadaEn cuanto a la iniciativa pública, el proyecto es estructurado por la entidad pública con participación del sector privado. La fuente de pago del proyecto puede ser a través de aportes de recursos públicos, de la explotación económica de la APP o una combinación de éstas.

Por su parte, en la iniciativa privada, la idea conceptual y propuesta proviene del sector privado. En este caso el privado tiene la responsabilidad de realizar, por su propia cuenta y riesgo, la estructuración del proyecto sin obligación del público a reconocerle los costos asociados. El proyecto podrá contar con recursos públicos de hasta el 30% del valor de la inversión. En este caso la selección del contratista se realizará a traves de licitación pública. Cuando el pago del servicio que presta la infraestructura en su totalidad es a través de la explotación económica del proyecto, operará el mecanismo de selección abreviada de menor cuantía.

Las APP facilitan la provisión y mantenimiento a largo plazo de infraestructura y bienes públicos, dentro de unos parámetros de disponibilidad y calidad pactados, para prestar un servicio a los ciudadanos. En este sentido, las APP son un mecanismo que permite incrementar la competitividad.

El rol del Sector Público en las APP consiste en  (i) identificar, de acuerdo con las políticas y planes de desarrollo (nacional y regionales), las necesidades de desarrollo respecto a la infraestructura y sus servicios asociados; (ii) priorizar los proyectos a ejecutar y realizar su estructuración; (iii) adelantar los procesos de adjudicación y administrar el contrato en su ejecución; (iv) en el caso de iniciativas privadas, debe evaluar estos proyectos, determinar si se ejecutan o no y adelantar el proceso de contratación con el originador u otro interesado, de ser el caso. Los activos aportados por el sector público o los desarrollados en virtud del contrato por el inversionista privado revierten al departamento una vez finalizado el proyecto de APP.

El sector privado es un socio estratégico del sector público para el desarrollo de la infraestructura pública y sus servicios relacionados. Con los incentivos adecuados, pone a disposición del sector público las eficiencias y ventajas operativas que posee, derivadas de su conocimiento y experiencia en desarrollos similares.

Las Asociaciones Público-Privadas aplican esencialmente para el desarrollo de la infraestructura productiva, conformada por todas aquellas obras físicas que permiten elevar los niveles de producción y eficiencia de los sectores que componen la oferta productiva de un país y que contribuyen al crecimiento de la economía. Ejemplos de proyectos de este tipo se encuentran en el transporte, la movilidad urbana, las comunicaciones, y la logística.

Las APP también operan para la infraestructura social, la cual está conformada por las obras y servicios relacionados que permiten incrementar el capital social de una comunidad y su posibilidad de acceder a mayores servicios y de mejor calidad.

Hacen parte de la infraestructura social sectores y proyectos en educación (colegios para preescolar, básica y media, establecimientos e institutos de educación superior), salud (hospitales, centros de salud primaria. Esta figura aplica también para la construcción de edificaciones públicas, de escenarios deportivos, artísticos y culturales, de centros carcelarios y proyectos agroindustriales. También para infraestructura turística, entre otros.

Las iniciativas privadas presentadas inicialmente en etapa de prefactibilidad deberán ser evaluadas por el ente público en un plazo máximo de tres meses. La respectiva entidad pública evaluará si la propuesta se ajusta a sus intereses, a las políticas sectoriales, a su priorización de proyectos, y si la participación de recursos del Estado no supera el 30% del valor del proyecto.

En caso de responder afirmativamente, el originador privado tiene un plazo máximo de 24 meses para realizar los estudios de factibilidad y llegar a un acuerdo con la entidad pública.

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Gaceta del Congreso. Colombia